Tal y como publica el Digital Presspeople, La Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP CECAP GRANADA), denuncia que "siete años después continúa el monopolio de los cursos de recuperación de los puntos del permiso de conducir". El texto íntegro que aparece publicado en el citado Digital con fecha de 19 de diciembre de 2.013 es el que sigue:
EL MONOPOLIO DE LOS CURSOS DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS.
AGAP CECAP GRANADA, DENUNCIA que Siete años después continúa el monopolio de los cursos de recuperación de los puntos del permiso de conducir. Teniendo en cuenta además que se está actuando en contra de la ley Ómnibus y en contra de la ley de contratos públicos y es que efectivamente sólo el 4% de las autoescuelas de España tiene autorización para impartir cursos de recuperación.
Dichas autorizaciones fueron concedidas por la DGT a Confederación Nacional de Autoescuelas, y se reparten desde el uno de Julio 2006 un negocio de nada menos 50 millones de euros, mientras el resto de las autoescuelas se ven obligadas a enviar sus clientes a las AUTOESCUELAS AGRADACIADAS que además no solo le dan al alumno el servicio de la recuperación de puntos, sino que aprovecha y le hacen ofertas atractivas del resto de los servicios que pudieran necesitar, con lo que la propia administración está creando autoescuelas de dos velocidades, la que tiene la concesión, que cada día va económicamente en sentido ascendente y el resto que despiden a su personal o simplemente cierran, asoladas por la crisis.
Se ha constituido un monopolio sobre este suculento negocio, regido por pautas ocultas y desconocidas de la DGT. Pero además recibimos recientemente noticias difundidas en los medios que aluden al jugoso negocio que supone esta situación para la CNAE, que cobra a cada autoescuela agraciada, más del 20% de los ingresos destinados a los cursos tanto de recuperación parcial 211,25€ como al de recuperación total 397,66€, además para poder tener opción a ser autoescuela agraciada, también le cobra a cada una de ellas, una cantidad aproximada a los 1.000€ a fondo perdido cada vez que existe posibilidad de nueva renovación de la concesión.
Por si ello fuera poco, resulta que los agraciados con este “premio”, lo utilizan además, para la captación de alumnos para el resto de la formación que imparten, con lo que obtienen una situación de mayor privilegio si cabe respecto al resto de las escuelas privadas de conductores (que hacen de comerciales de los centros que imparten los puntos) y ven impotentes languidecer e incluso desaparecer sus negocios, mientras otros progresan y se lucran, con una situación de desequilibrio sorprendentemente creada y consentida por la administración.
Esta situación viene suscitando todo tipo de protestas, denuncias a la DGT Y A CNAE desde: LA ASOCIACION DE AUTOMOVILISTAS EUROPEOS, EL DEFENSOR DEL PUEBLO, LA UNIÓN DE CONSUMIDORES ESPAÑOLES, incluso desde la COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA se les hacen recomendaciones de “buscar un régimen más favorecedor de la competencia que el hasta ahora utilizado de la concesión administrativa”. Pero con todo, lo peor es que, lo que debía concebirse como un servicio público, en la práctica no tiene esta vocación ya que el monopolio creado supone limitar el acceso de los usuarios/conductores que lo necesiten a la obligatoria formación para la recuperación de puntos, impidiéndoles elegir libremente el centro en que quieren recibirla, o a tener un centro cercano a su residencia para ello, obligándoles en muchos casos a costosos y peligrosos desplazamientos ya que muchas ocasiones ocurre que el aspirante conduce sin carnet, al tenerlo anulado por falta de puntos, y en algunos casos o no existe medios de transporte públicos o no les coinciden los horarios, lo que evidencia que el sistema empleado no tiene en cuenta los intereses de los receptores de la formación.
En fin, es evidente que nos queda mucho camino para que este país sea un estado de derecho, donde todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley pero mientras tanto algunos no cabe duda que están aprovechando el tiempo. Pero próximamente tenemos una oportunidad de enmendar esta situación de desigualdad, ya que el próximo año termina la concesión de la que algunos viene aprovechándose hasta ahora, debiendo iniciarse próximamente el procedimiento administrativo para su continuidad o, como esperamos, su profunda renovación de forma que por fin, sirva al interés general, y no al de unos pocos “privilegiados”.
